La Consejería de Empleo ofrecerá, en colaboración con la Fiscalía, una formación especializada en siniestralidad a los agentes de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de que éstas sepan el papel a desempeñar en los casos de accidentalidad o riesgo elevado. Así lo destacó el consejero de Empleo, Antonio Fernández, tras su reunión con el fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña, encuentro en el que ambos hicieron balance de los resultados y posibles mejoras del convenio de colaboración, el primero de España en esta materia, firmado en julio de 2004 por la Junta de Andalucía y la Fiscalía para la lucha contra la siniestralidad y la prevención de riesgos laborales en nuestra comunidad.

Antonio Fernández aprovechó la reunión para expresar su satisfacción por el nombramiento de un almeriense como primer fiscal coordinador del Estado especializado en la materia, un cargo de nueva creación que Juan Manuel de Oña ejerce desde el pasado 4 de abril. Asimismo, el consejero recordó que se trata de la primera vista oficial del fiscal a esta comunidad autónoma.

El citado acuerdo de la Junta con la Fiscalía contempla el compromiso de la Consejería de Empleo de comunicar al Ministerio Fiscal las situaciones de emergencia en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores, así como los accidentes graves, muy graves o mortales, en el momento en que se tenga conocimiento de los mismos, sin necesidad de que exista una denuncia previa.

El convenio incluye, además, la designación en Andalucía de ocho fiscales especializados en Seguridad Laboral, que ya actúan en sus respectivas provincias, con el fin de conseguir un mayor grado de eficacia en la lucha contra los accidentes laborales. Asimismo, Empleo ha proporcionado a la Fiscalía Especializada medios telemáticos, como teléfonos móviles y scanner, para facilitar la comunicación en el desarrollo de sus actuaciones.

Resultados
Como resultado, hasta ahora se han sistematizado las comunicaciones, registrándose en el primer semestre de este año un total de 745 partes a la Fiscalía desde la Consejería de Empleo, lo que supone que en sólo seis meses se ha alcanzado el 89% del total de comunicaciones realizadas en 2005. del total , 91 comunicaciones fueron por accidentes mortales; 37 por siniestros muy graves; 497 por situaciones de alerta y 120 partes por paralizaciones. Como consecuencia, la Fiscalía abrió 82 diligencias previas por presunto delito, de las que 16 fueron por accidentes mortales; 6 por muy graves; 20 por otras situaciones y 40 por paralizaciones.

Respecto al año 2005, los técnicos de prevención de Empleo remitieron a la Fiscalía 837 comunicaciones, que tuvieron como resultado la apertura de 111 diligencias previas por presunto delito. Estas actuaciones no excluyen las llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo (adscrita al Ministerio de Trabajo y coordinada por la Consejería de Empleo), que ejecuta las sanciones administrativas.

Junto a las comunicaciones, la Junta y la Fiscalía han celebrado hasta ahora dos reuniones, a través de una comisión de seguimiento, para conocer el curso de las actuaciones. Asimismo, se han celebrado dos jornadas anuales de formación de fiscales especialistas, una de ellas específica en materia de prevención.

Mejoras
Como continuación del convenio, Empleo ha planteado la creación de un protocolo detallado de actuación que defina el modelo concreto a utilizar para las comunicaciones y el momento de la investigación en el que se remita el parte, así como el papel de los agentes intervinientes, desde el inspector y el policía hasta los órganos administrativos que puedan resultar implicados. Este plan piloto contemplará además la oferta formativa (voluntaria) de las fuerzas de seguridad en materia de siniestralidad para que éstas sepan actuar en el momento del accidente o de una situación de alerta por riesgo.

Asimismo, la Junta pretende reforzar el soporte informático para un intercambio fluido de información, sistematizando los datos almacenados y facilitando el acceso a las sentencias que se firmen en todo el territorio nacional en materia de prevención. Además, se ha propuesto la creación de una consulta on-line con los técnicos de prevención predesignados para la asistencia técnica permanente, además de un foro de intercambio abierto entre todos los fiscales.

Finalmente, se organizarán jornadas técnicas específicas para la formación de fiscales; se elaborará un informe anual de evaluación y se fomentarán los encuentros de intercambio a nivel nacional.

El acuerdo con la Fiscalía está contemplado en el Plan General de Prevención de Riesgos de Andalucía, con vigencia hasta 2008 y con una financiación superior a los 65 millones de euros.