El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha explicado que el diálogo social materializado a través de los acuerdos de concertación ha permitido que en la última década se creasen en Andalucía 837.900 empleos y más de 160.000 empresas, y ha subrayado la apuesta por la calidad y la igualdad real de acceso al mercado de trabajo que realiza el VI Acuerdo firmado en enero de este año.

En una comparecencia parlamentaria para explicar los contenidos del VI Acuerdo, Antonio Fernández ha enumerado algunos de los objetivos concretos acordados con los agentes sociales en materia de empleo, como el impulso de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo hasta alcanzar una tasa de actividad del 85% de la media europea e incrementar la ocupación femenina en un 20%, o aumentar en un 20% la contratación indefinida. Entre los objetivos marcados en el VI Acuerdo, también se realiza una apuesta por mejorar la formación profesional de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral y que el 75% de los ocupados andaluces tengan estudios secundarios o superiores.

De entre las 276 medidas acordadas con una inversión prevista de 10.000 millones de euros, el consejero ha detallado las incluidas en el eje sobre Cultura de la Calidad en Empleo, que incluye tanto la aprobación de nuevos incentivos al empleo estable y al autoempleo como medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, mejoras en la Formación Profesional a trabajadores y programas de prevención de riesgos laborales.

Con respecto a los incentivos, el consejero ha aclarado que la comisión creada para diseñarlos ya ha culminado su trabajo y el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo ya ha dado luz verde a la tramitación de estas nuevas ayudas, que priman a jóvenes menores de 30 años, mujeres en sectores en las que están subrepresentadas, parados de larga duración y mayores de 45 años y colectivos desfavorecidos.

El borrador, que debe ser aprobado ahora por el Consejo de Gobierno, recoge ayudas de hasta 6.000 euros para el autoempleo y de 4.750 euros para la contratación estable, e incluye novedades como la necesidad de que los beneficiarios hayan pasado por un itinerario de inserción del SAE, o que las empresas que se acojan no hayan sido sancionadas con carácter muy grave en materia de salud laboral. También se recogen incentivos a la contratación de técnicos de prevención por parte de las empresas.

Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo
El VI Acuerdo fija igualmente la aprobación de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo, zonas de Andalucía que recibirán una inversión prioritaria en materia de políticas activas de empleo y formativas, y que contarán con un paquete específico de incentivos a la contratación estable.

El Consejo de Administración del SAE ya ha fijado inicialmente nueve zonas que podrán acogerse a este programa. Concretamente se han acordado las zonas Bahía de Cádiz (que incluye a Jerez); Las sierras de Segura y el Condado en Jaén; el Bajo Guadalquivir; la comarca de Guadix; la ciudad de Córdoba; el Valle del Guadiato en Córdoba; el barrio del Polígono Sur en Sevilla y las comarcas mineras onubenses.

El eje Cultura de la Calidad en el Empleo incluye igualmente medidas concretas en materia de intermediación laboral como el derecho de todos los desempleados registrados a contar con un trato personalizado y un itinerario de inserción a través de las redes de oficinas del SAE, la red de Unidades Territoriales de Empleo y los centros Andalucía Orienta, así como medidas formativas como la elaboración del Libro Verde y el diseño de un nuevo Plan Andaluz de Formación Profesional que entre en vigor el próximo año.

Con respecto a la seguridad laboral, además de la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos, se establece la creación de laboratorios para riesgos específicos y emergentes; la creación de un pabellón temático de prevención en el Parque de las Ciencias; nuevas cláusulas para garantizar la salud laborales en la contratación pública o el establecimiento de la “cartilla de formación” y la “cartilla de vigilancia de la salud” en los trabajadores del sector de la construcción, entre otras medidas.