Uno de los principales problemas con los que se encuentra el trabajador autónomo desde el comienzo de la crisis, es la dificultad de acceso al sistema crediticio.
El gobierno articuló las líneas de financiación públicas a través del Instituto de Crédito Oficial, como instrumento para que el crédito llegara a aquellos autónomos que no podían conseguirlo por la vía privada.
Para el año 2013, el ICO ha puesto a disposición de autónomos y empresas un importe total de financiación de 22.000 millones de euros.
La finalidad de los préstamos públicos a un interés bajo es la de mejorar las necesidades de liquidez de los autónomos y promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país, aunque no se está satisfaciendo las necesidades que a priori iban a cumplir.
En la práctica, estas líneas financieras son inalcanzables para muchos autónomos, por diferentes motivos, el ICO financia apoyándose en la banca así que las entidades al actuar como intermediarios financieros incrementan el tipo de interés asumido por el cliente llegando a ser superior al 4%.
Por otro lado, los criterios de selección de solvencia, en muchos casos se convierten en una barrera infranqueable para la mayoría de autónomos, ya que las garantías que se están exigiendo para la concesión son las mismas que en otros periodos de normalidad financiera. En muchos casos el autónomo tiene un proyecto viable pero no cuentan con la suficiente solvencia patrimonial y económica debido a la crisis.
Desde UPTA Andalucía seguiremos demandando, fundamentalmente, medidas que faciliten el acceso al crédito y a la financiación, reclamando la necesidad de revisar las condiciones de concesión estas líneas ya que no tienen sentido si se convierten en una entidad financiera más, que utiliza los mismos criterios de concesión que la banca privada.
