El proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz, por lo que se remitirá a la Comisión de Agricultura para que siga su trámite parlamentario. Durante su intervención para presentar el proyecto de Ley, la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado que se trata de “una norma ambiciosa que sirve para atender las demandas de los consumidores, aumentar la confianza en los productos agroalimentarios andaluces y ofrecer un nuevo marco normativo para gestionar la calidad como estrategia comercial para incrementar las rentas de los productores”.
A grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.
El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores. Para ello, la ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.
En el caso de los operadores, el sistema debe tener en cuenta la trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.
Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación, la distribución y los puntos de venta.
Además de someterse a estos dos tipos de controles, los productos agroalimentarios deben contar con certificados de calidad comercial emitidos por organismos independientes. En este aspecto, la principal novedad que introduce el proyecto de ley es la exigencia de normas internacionales, principalmente la europea EN 45011, frente a las nacionales que se utilizan actualmente.
Calidad diferenciada
En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de ‘Calidad Certificada’ que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.
En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Con ello se otorga mayor relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector, frente a la actual dependencia respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca. Este departamento se reserva, no obstante, las funciones de tutela sobre los órganos gestores.
Estas novedades supondrán, entre otros cambios, la adaptación a la nueva norma de las actuales denominaciones vínicas recogidas en la Ley de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.
En la vertiente del fomento y la promoción de la calidad diferenciada, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno establece que la financiación de las campañas se vinculará especialmente a aspectos como la inclusión de los productos en la dieta mediterránea o la adecuada información sobre sus propiedades y características relativas a la nutrición saludable.
Finalmente, el texto incluye una serie de disposiciones que suponen el primer paso para el reconocimiento y la posterior regulación específica de las producciones de calidad diferenciada de la artesanía alimentaria andaluza.
La agroindustria andaluza
El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía, con una facturación superior a 14.000 millones de euros, más de 5.000 empresas y alrededor de 52.000 personas empleadas.
Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del comercio exterior de la comunidad autónoma, con unos 3.000 millones de euros de saldo positivo en 2010, lo que representa un 11,2% de crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior “a pesar de la situación de crisis económica”, ha indicado la consejera de Agricultura. Estrechamente ligada a la actividad agropecuaria y pesquera, la industria agroalimentaria acapara el 19,3% del empleo y el 25,1% de valor añadido del sector industrial en la comunidad autónoma. Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
Por su parte, el sector pesquero agrupa a más de 1.800 empresas y emplea a más de 10.600 personas. Sus capturas anuales se cifran actualmente en más de 70.000 toneladas y un valor de 252 millones de euros. Dentro de este sector, una actividad en alza es la acuicultura, con explotaciones de alto nivel tecnológico centradas en la cría de doradas y lubinas y cuya producción supera ya las 6.000 toneladas. Este aprovechamiento se está diversificando con proyectos como el cultivo de mejillones, lisas, almejas, corvinas, ostiones y otras especies.
Las producciones andaluzas de calidad de ambos sectores se reparten entre 28 Denominaciones de Origen (principalmente de aceite de oliva y vinos) y 23 Indicaciones Geográficas Protegidas. A ellas se suman los más de 2.100 productos pertenecientes a 465 empresas que cuentan con el distintivo Calidad Certificada, así como los de la agricultura ecológica (866.000 hectáreas de superficie en Andalucía, la primera comunidad española en este sector) y las producciones integradas (casi 400.000 hectáreas).
