“Los órganos del Estado no deberían intervenir para modificar el contenido de los convenios colectivos libremente concertados y dichos acuerdos colectivos deben ser de cumplimiento obligatorio por las partes”. Ha sido la propia Organización Internacional del Trabajo la que, en su último informe, ha recordado este principio internacional al Gobierno del Partido Popular. Un principio que nuestro Gobierno se saltó a la torera con la reforma laboral.
El Comité de Libertad Sindical de la OIT reconoce en su informe 371º que la reforma laboral que impuso el Gobierno en el año 2012 vulnera no solo el derecho a la negociación colectiva de los convenios ratificados por España sino también los derechos de libertad sindical. Fue precisamente una queja presentada por los sindicatos el pasado 10 de mayo de 2012 lo que ha hecho que ahora el organismo internacional dé un tirón de orejas en toda regla al Gobierno español.
El Gobierno, en sus comunicaciones al Comité a raíz de la queja, se amparaba, entre otros argumentos, en la situación de crisis económica para justificar tanto las medidas adoptadas como el instrumento normativo utilizado, y solicitaba la desestimación de la queja.
Pero no lo entiende así la Organización Internacional del Trabajo y en sus conclusiones llama la atención al Ejecutivo de Mariano Rajoy por la ausencia de consulta con las organizaciones sindicales más representativas. Recuerda además que los principios en materia de consulta son válidos también en períodos de crisis que requieren medidas urgentes.
Lo cierto es que desde su aprobación, la reforma laboral ha servido para que multitud de empresarios se descuelguen de los convenios colectivos o los sustituyan por otros con peores condiciones.
En la actualidad 379.264 trabajadores y trabajadoras andaluces tienen bloqueados sus convenios colectivos y eso significa que sus condiciones laborales no están garantizadas. Sólo aquí en Andalucía hemos denunciado 368 convenios, entre otros motivos por practicar una ultraactividad limitada. Nuestro objetivo es acordar en estos casos que la ultraactividad sea indefinida, es decir, que a falta de un nuevo convenio negociado, se respeten y garanticen las condiciones acordadas en el anterior. Hablamos de 213.972 trabajadores y trabajadoras que han perdido o están a punto de perder la protección laboral que les ofrece la negociación colectiva. Solo por dar algunas cifras, en el sector de la construcción de Cádiz, Huelva y Jaén hay alrededor de 70.000 trabajadores cuyos convenios están a punto de perder su eficacia y 20.000 más del sector del comercio de Huelva y Sevilla. La reforma laboral del PP ha facilitado además que cerca de 900 empresas andaluzas se hayan descolgado de los convenios colectivos en 2013 y lo que llevamos de 2014, es decir, actualmente no aplican las condiciones de trabajo.
Para UGT Andalucía la negociación colectiva es la expresión genuina, primaria y primordial del diálogo social. Es el mejor instrumento con que contamos para introducir modificaciones significativas en las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Defendemos firmemente la negociación colectiva como un instrumento de reparto de riqueza que el Gobierno del PP quiere borrar de un plumazo. De ahí la importancia de esta llamada de atención proferida por la Organización Internacional del Trabajo.
Ahora solo queda que el Gobierno asuma las recomendaciones de la OIT y por eso, las centrales sindicales ya han solicitado una reunión con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para conocer las medidas que el Gobierno prevé adoptar para dar cumplimiento a las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo y enmendar la situación denunciada. Es una prioridad que el Gobierno revierta la reforma laboral, injusta y regresiva, obligue a los empresarios a respetar los compromisos asumidos en los convenios colectivos y se restablezca la acción protectora a los trabajadores frente a privatizaciones, externalizaciones, subcontrataciones, etc. En nuestro programa de acción hemos fijado unos objetivos básicos en negociación colectiva que pasan por potenciar la negociación sectorial en su ámbito autonómico, y en su caso, provincial; incluir cláusulas que eviten la eliminación de la ultraactividad y de los arbitrajes obligatorios; reforzar el papel de las comisiones paritarias como instrumentos preventivos de la conflictividad; integrar un conjunto de acuerdos sobre estructura salarial; introducir en la negociación sectorial el concepto de Salario Mínimo Garantizado para asegurar un suelo retributivo; incluir cláusulas de revalorización salarial automática; evitar la atomización de la negociación colectiva; definir las condiciones necesarias en caso de descuelgue salarial; fomentar la utilización del SERCLA, el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales; incorporar una comisión paritaria en la representación de las partes negociadoras; y defender la mejora de las condiciones de trabajo como elemento primordial para la preservación de la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
Tal y como concluye el Comité de Libertad sindical de la OIT, “las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva deben ser compartidas en la mayor medida posible por las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas”, cosa que en nuestro país el Gobierno ni tan siquiera ha intentado. Desde UGT nos sumamos a la invitación expresada por la Organización Internacional del Trabajo para que el Gobierno promueva un diálogo tripartito sobre la reforma laboral.
Lo que ha quedado claro, por tanto, es que la crisis económica no es una causa que justifique la vulneración de los convenios internacionales suscritos por España en materia de libertad sindical y negociación colectiva. En el caso del sector público, es necesario que el Gobierno entienda que ante una situación de empleo y económica excepcional, como la que estamos viviendo, la solución no pasa por imponer una renegociación o una suspensión o derogación de los convenios colectivos sino negociar con las partes promoviendo el diálogo social. Como licenciada en Derecho me gustaría recordarle al Gobierno que el derecho a la libertad sindical está consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución y el de negociación colectiva en el artículo 37. Y ambos derechos son por ley de obligado cumplimiento.
Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía
