Continuando con la reflexión que hacíamos en el número anterior, durante las últimas semanas se ha mantenido el debate acerca de la posibilidad de deflación en algunos países de la UEM, incluyendo España, al hilo de las advertencias del FMI sobre los riesgos que un descenso de precios (al menos tres meses con tasas negativas) podría generar en el crecimiento económico y el empleo, sugiriendo al BCE que tome medidas para evitar estos peligros. Lo cierto es que con los datos del IPC (INE) de marzo, la inflación en España -y también en Andalucía- se ha situado en una tasa negativa del -0,1%, haciendo que en el conjunto de 2014 se proyecte una tasa cercana al 0%.
El problema de un nivel de precios tan contenido es que suele producir un desánimo en la demanda, porque los consumidores tienen expectativas de posibles bajadas futuras de precios, así como de salarios en descenso, por lo que retrasan sus decisiones de compra, al tiempo que desalientan la inversión. Por su parte, a las empresas les resulta muy difícil obtener beneficios, por lo que tratan de bajar costes, con efectos negativos sobre los salarios y/o el empleo, pudiendo caer en una temida espiral deflacionista. Además, a esta situación (aún hipotética) se uniría la efectivamente sufrida ya en los últimos años por los activos inmobiliarios, que han observado una disminución significativa, dañando la posición patrimonial de familias, de empresas y de bancos, y que pese a la pérdida de valor tienen que devolver los créditos, reduciendo así su capacidad de pago y de devolución de las deudas. También en el ámbito del sector público, la deuda acumulada por el conjunto de la economía española resulta muy elevada, como es sabido, siendo el desequilibrio entre los gastos e ingresos de nuestro sector público uno de los principales defectos del Estado español. La obligación impuesta por Europa de reducir el déficit y frenar la expansión de la deuda ha afectado negativamente a la demanda interna, pero no ha logrado alcanzar los objetivos prefijados. Así, el pasado año, 2013, los gastos del conjunto de las AAPP ascendieron a 458.666 millones de euros, según la metodología de la contabilidad nacional (Protocolo de Déficit Excesivo), de los que podríamos deducir 4.661 millones de ayudas a instituciones financieras, que son atípicos.
Los ingresos financiaron fueron el 85% de los gastos (excluidas las ayudas financieras), mientras que el resto, 67.755 millones, fue el déficit que hubo que financiar aumentando la deuda. Ésta se situó al finalizar el año en 960.640 millones, el 93,9% del PIB (en 2007, era el 36,2% del PIB). Así, el déficit (sin ayudas financieras) equivale al 6,6% del PIB, apenas dos décimas menos que en 2012, pero una décima más que el objetivo establecido por el Gobierno y las instituciones europeas.
De este modo, el gasto público habría aumentado ligeramente en 2013, un 0,2%, respecto al año anterior, lo que unido al descenso del PIB, hizo que su peso aumentara del 44% al 44,4% (unos 5,5 puntos por debajo de la media de la UEM). Las partidas responsables del aumento fueron las prestaciones sociales y los intereses de la deuda, que aumentaron tres y cuatro décimas del PIB, respectivamente. La pequeña reducción del déficit provino en 2013 del aumento de los ingresos, que crecieron un 1% y, como porcentaje del PIB, pasaron del 37,2% al 37,8% (una proporción que es 9 puntos inferior a la media de la UEM). Este desajuste es una prueba más de la necesidad de una reforma fiscal, al margen de otros problemas estructurales pendientes, como la reforma educativa o la territorial, que explican la mayor dimensión de la crisis económica en España y en Andalucía. En este sentido, la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía ha señalado en una reciente publicación los efectos perniciosos que, sobre el PIB y el empleo regional, han tenido el incumplimiento disposición adicional tercera (DAT) del Estatuto andaluz, así como el incumplimiento del principio de adicionalidad de los fondos europeos en términos de una merma de los recursos financieros públicos invertidos. Una situación que no contribuye a corregir las divergencias en niveles de renta per cápita de la UE y la posición de desventaja que sigue sufriendo Andalucía.
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