El perjuicio económico medio en España de las empresas que han sufrido algún tipo de delito económico o fraude asciende a 730.000 €/año, según estimaciones de diferentes auditoras. A estos costes directos hay que sumarles otros indirectos, tales como:

⁻         los efectos negativos que la corrupción provoca sobre la imagen y la reputación de las compañías afectadas, cuyos costes por daños en activos intangibles son muy difíciles de cuantificar

⁻         el daño moral que ocasiona el fraude a los propios trabajadores de la empresa, que ven afectada su motivación, provocando una alarmante disminución de la productividad

⁻         el dinero añadido que cuesta contratar a abogados, peritos, investigadores y auditores que intenten clarificar y responder con contundencia al fraude empresarial.

Trabajando
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“En materia de ética empresarial, a la larga resulta más barato prevenir que curar. Hacer frente a las consecuencias del fraude en una organización puede salir más caro que poner en marcha los mecanismos de prevención y control de riesgos necesarios para evitar la comisión de delitos de carácter económico”, señala Gertrudis Alarcón, presidente en España de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) y responsable en Europa de las consultoras antifraude i2 Integrity International y G5 Integritas.

La mayor parte de los delitos se descubren de manera interna, mediante auditorías o denuncias de los propios empleados. “El perfil del delincuente es el de un hombre, de entre 41 y 50 años, que lleva trabajando en la organización entre 6 y 10 años”, apunta Alarcón.

En este sentido, el Código Penal, será reformado punto arriba o abajo en esta línea, y pondrá más énfasis en la adopción de medidas de prevención de delitos, lo que exigirá a todas las empresas que tengan un mecanismo de comunicación de irregularidades.

Las líneas éticas reducen a la mitad las pérdidas medias por fraude en las empresas

Las líneas éticas o canales de denuncias (whistleblowing) se encuadran en el marco de las políticas empresariales de buen gobierno corporativo. Este tipo de mecanismos favorecen la transparencia y protegen a las organizaciones.