En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, ha añadido que esto también afecta a la propia posición de Argentina en el mundo como un sujeto que quiebra la seguridad jurídica y no respeta las normas internacionales de comercio.
El dirigente popular ha citado así la reacción europea al “ataque” de Argentina a España cancelando la reunión de la UE con el país sudamericano, y ha subrayado que la respuesta del Gobierno a esta “injusticia” y a este “grave” gesto contra los intereses españoles en Argentina, “que también perjudica gravemente a los ciudadanos argentinos”, obliga a una respuesta “contundente”.
Alonso, que ha anunciado la comparecencia a petición propia del ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Comisión de Industria del Congreso para dar respuesta y debatir este asunto, ha agradecido el apoyo mostrado por otros grupos, singularmente el PSOE, “a la actuación de España en la defensa de nuestros intereses”, por lo que ha recalcado que en estos momentos “lo más importante es estar unidos, trasladar esa imagen de unidad y construir esa unidad en defensa del derecho de la seguridad jurídica y de las buenas relaciones entre los dos países”.
Presupuestos
Por otra parte, el portavoz del GPP ha recordado que el Pleno de la semana que viene debatirá la totalidad de los Presupuestos y que esta misma semana se están produciendo las comparecencias de 60 altos cargos para explicar las cuentas públicas.
En este sentido, ha señalado que el PP está haciendo estos Presupuestos porque los socialistas se fueron del Gobierno sin hacerlos “y dejando al país en esta situación delicada”.
Según ha explicado, el Gobierno de Rajoy está haciendo estos Presupuestos “por parte de esa herencia” y toma las decisiones “pensando que el futuro puede ser distinto para España, tomando las decisiones que sienten las bases para un futuro económico y social”.
Asimismo, ha recordado que el PP ha registrado tres enmiendas conjuntas con UPyD a la reforma laboral que hacen referencia a extender bonificaciones para la contratación de las víctimas del terrorismo, dando cumplimiento a una pretensión recogida en la Ley de Víctimas que fue aprobada en la legislatura anterior.
