La Policía Nacional han detenido a 85 personas por defraudar casi 800.000 euros a las arcas públicas a través de siete empresas ficticias. Los supuestos trabajadores pagaban entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social.
La organización, que estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, operaba en varias provincias españolas desde septiembre de 2014. El objetivo era que personas extranjeras pudieran solicitar autorización para residir en España u obtener subsidios y ayudas sociales por desempleo.
Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que realizaban siete empresas, las cuales habrían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de forma indebida a trabajadores extranjeros, para así permitir que éstos regularizaran su situación administrativa en España o bien para que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales, todo ello sin que se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas en dichas empresas.
La investigación sido llevada a cabo por la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Pamplona y de Logroño, con la colaboración de las de Castellón, Murcia, Lleida, Zaragoza, Alicante, Granada, San Sebastián, Guadalajara, Tarragona, Almería, Algeciras, León, Huesca, y Girona.
