Una operación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización que enviaba a España chips de tarjetas de crédito venezolanas con los que después se reconstruía la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas en comercios conniventes. Los ocho integrantes de la red ahora detenidos están acusados de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y de fraude fiscal.
La investigación se inició tras la llegada a España, procedentes de Colombia vía Alemania, de 75 chips presuntamente recortados de tarjetas bancarias. A raíz de la interceptación de los chips, los agentes detectaron un entramado criminal compuesto principalmente por los ocho arrestados. Este grupo de personas se encargaba de gestionar los envíos desde Colombia y Venezuela de las tarjetas bancarias recortadas. Los chips eran ocultados en paquetes postales, aparatos electrónicos, libros o revistas para introducirlos y así usarlos en España.
La organización desarticulada volcaban la información en soportes idóneos para su utilización fraudulenta en establecimientos comerciales, en algunos casos conniventes, o incluso creados única y exclusivamente para utilizar las tarjetas falsas.
Fraude superior a los 600.000 euros
Los investigadores han detenido en Madrid a un total de ocho ciudadanos venezolanos relacionados con la investigación. También se han realizado siete registros domiciliarios en los que se ha incautado un lector–grabador de tarjetas, 200 tarjetas de crédito, 14 TPV de los establecimientos, 20.050 euros en efectivo y un cheque al portador por valor de 1.380 euros, una pistola y un rifle de asalto simulados, varios ordenadores con el software necesario para la falsificación de tarjetas y numerosas boletas de pago con tarjetas de los diferentes establecimientos comerciales conniventes. Además se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados con cerca de 190.000 euros.
Por el momento, tras el estudio de las cuentas asociadas a los TPV de los establecimientos comerciales conniventes y de los movimientos de las cuentas asociadas a los establecimientos y a sus propietarios, el fraude provocado por la organización desarticulada supera los 600.000 euros.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO de la Guardia Civil y agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, de la Comisaría de Distrito Centro de Madrid.
