CTA y Grupo Consea celebraron un comité en el que OHL, Serviport Andalucía (en representación del caso de la Autoridad Portuaria de Sevilla), la Universidad de Córdoba y la Fundación Medina expusieron casos de éxito
La capacidad de activación económica, movilización y orientación de mercado de la Administración a través de la compra pública es muy significativa. Concretamente, alrededor de un 18,5% del PIB de España corresponde a bienes y servicios suministrados a través de licitaciones públicas. Y en otros países, como Estados Unidos o Japón, los mecanismos de compra pública han sido profusamente utilizados con el objetivo de reforzar los mercados intensivos en tecnología.
El compromiso del Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, es que la compra pública innovadora llegue a suponer el 3% anual de la contratación pública, lo que se traducirá en cerca de 4.900 millones de euros para I+D+i. Teniendo en cuenta que el gasto actual en I+D son unos 13.000 millones de euros (INE 2013), significaría un incremento del 37%.
Esta forma de contratación ha supuesto compartir riesgo y beneficios, pero también lograr, a su vez, una mejora notable de los servicios públicos. Estamos, por lo tanto, ante un instrumento de mejora combinada de la competitividad del sector público y del privado, con notables sinergias. En este contexto, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Grupo Consea celebraron el pasado 20 de octubre, en la Tecnoincubadora Marie Curie del PCT Cartuja en Sevilla, un comité técnico sobre la Compra Pública Innovadora (CPI) como oportunidad de despegue y de negocio para la Administración Pública y las empresas en el nuevo ciclo económico.
La compra pública de tecnología innovadora es un mecanismo poco conocido, incluso en el ámbito empresarial, por el que la Administración Pública puede licitar la adquisición de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra en el mercado, pero que puede conseguirse en un tiempo razonable y, además, requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada. La potencia de estímulo de este instrumento es enorme tanto para promover la innovación tecnológica entre el tejido productivo como para dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.
La Autoridad Portuaria de Sevilla, OHL, la Universidad de Córdoba y la Fundación Medina contaron sus respectivos casos de éxito en experiencias pioneras en este ámbito durante el comité, al que asistieron más de 70 personas.
El director técnico y el director de desarrollo de negocio de CTA, Fabián Varas y David Páez, respectivamente, expusieron la oportunidad que supone esta herramienta de contratación pública, mientras que el responsable técnico sectorial de CTA, Carlos García, explicó los fundamentos técnicos de la compra pública innovadora y el socio director del Grupo Consea, Francisco Fernández, analizó el marco legal actual y las perspectivas.
El jefe de servicio de I+D+i de OHL Construcción, Miguel Amérigo; el coordinador del proyecto CPI Mecaolivar y catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, Jesús Gil Ribes; el gerente de la Fundación Medina, Diego Pozas; y la directora corporativa de Serviport Andalucía, Alicia Yanes (en representación del caso de la Autoridad Portuaria de Sevilla), participaron en el comité organizado por CTA y Grupo Consea para explicar sus respectivos casos de éxito en compra pública innovadora.
“Estamos ante un instrumento de mejora combinada de la competitividad del sector público y del privado con notables sinergias”, apuntó el responsable técnico sectorial de CTA, Carlos García. “Es un instrumento para acometer mejoras gracias a la innovación, ya que minimiza los riesgos y es globalmente ventajoso” explicó García, quien también reveló los riesgos que implica la CPI, como la necesidad de gestionar bien los hitos y los precios.
EE.UU. acumula una larga experiencia en el uso de la compra pública de tecnología innovadora como impulso del sector empresarial tecnológico, mientras que en Europa esta herramienta no ha sido muy utilizada. Sin embargo, en los últimos años, también las autoridades comunitarias han marcado directrices claras para que todas las administraciones utilicen este instrumento. En España el recorrido potencial es enorme y, además, existen importantes ayudas financieras al efecto. Se trata, sin duda, de una gran oportunidad de negocio.
