Las inversiones del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo ascienden este año a 15,4 millones de euros, lo que supone duplicar el gasto real del ejercicio 2014.

El consejero de Hacienda  y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, coincidieron en calificar los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para 2016 de “rigurosos y realistas”.

p1abi7aqdp1o6r19116t6106v1ebm7Generar empleo, atender a la población más vulnerable e incentivar el crecimiento económico en la región y en la provincia de Toledo son las prioridades que las cuentas regionales.

Respecto al texto de acompañamiento de los presupuestos, la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, Ruiz Molina ha reiterado una vez más, “por activa y por pasiva, que no se eleva la presión fiscal de los ciudadanos, sino todo lo contrario”, ya que con las modificaciones introducidas “se van a pagar menos impuestos”.

En este sentido, ha recordado que hay una reducción de tasas, ya que “se van a eliminar 30”, entre las que se encuentran las que gravaban a los dependientes; se establecerán exenciones para desempleados y familias numerosas y se congelarán todas las tasas que queden vigentes.

En el impuesto de Sucesiones, el 98% de los ciudadanos no van a tener que pagar nada cuando reciban una herencia, en donaciones el 96% de los castellano-manchegos seguirán pagando lo mismo que hasta ahora y no habrá ningún tipo de modificación ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni en el Impuesto sobre Patrimonio.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas también ha destacado que ninguno de estos impuestos afecta al tráfico empresarial y, por lo tanto, ninguno de estos impuestos va a alterar la partida de beneficios de las empresas instaladas en la región.

Nicolás explicó que de estos 15,4 millones de euros, 11 millones se destinan a infraestructuras, fundamentalmente en materia de carreteras y de agua. Los 4,5 millones restantes se destinan a la puesta en marcha y mantenimiento de infraestructuras educativas, sociales, sanitarias y de empleo.