Tres de cada diez contratos temporales tiene una duración igual o inferior a una semana, según el análisis de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo en el mes de marzo realizado por UGT.
Más del 90% del total tiene carácter temporal y casi el 30% de los contratos temporales tiene una duración igual o inferior a la semana, una modalidad de contrato que ha ganado peso desde el inicio de la crisis (8 puntos desde 2009) y que afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes.
Actualmente, el porcentaje de estos contratos para los hombres es del 25%, mientras que para las mujeres supone más: un 29% de la contratación total. Existe también una elevada correlación entre la edad y el uso de estos contratos de mínima duración. Hasta los 25 años, 1 de cada 3 contratos registrados tiene esta duración; entre los 25 y los 45 años, el porcentaje se sitúa entre el 25% y el 28%; a partir de esa edad baja progresivamente hasta el 20%.
La mayor parte de estos contratos se concentra en la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, donde ocupan 45 de cada 100 contratos registrados en esta categoría. Asimismo, más de una cuarta parte de los contratos de interinidad tiene una duración máxima de una semana.
De los 402.679 contratos de duración máxima de una semana registrados en marzo, un 59% corresponde a una jornada completa de trabajo y un 41% a una jornada a tiempo parcial. Por su parte, del total de los contratos a tiempo completo, casi la cuarta parte tiene una duración máxima de 7 días; en el caso de los contratos parciales, el porcentaje se eleva por encima del 31%.
Este tipo de contratos “implanta unas consecuencias evidentes para los trabajadores, como es el aumento de la precarización en las condiciones de trabajo, de la inestabilidad laboral y familiar y del riesgo de siniestralidad, la falta de formación y la mayor dificultad para el acceso a las prestaciones, de desempleo y de Seguridad Social”.
Ante esta realidad, UGT reclama más controles en las empresas y administraciones públicas para estos contratos, sancionando su uso injustificado y haciendo cumplir la Ley de la Seguridad Social sobre recargo en las cotizaciones.
