Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, y Francisco Arteaga, director general de Endesa Andalucía y Extremadura, han suscrito un convenio de colaboración para coordinar el pago de ayudas municipales por las deudas generadas con motivo de impagos en el suministro de electricidad de ciudadanos con dificultades económicas.
El Ayuntamiento de Huelva y Endesa muestran de este modo su compromiso de agilizar y facilitar la forma de pago de las ayudas municipales a los usuarios de Servicios Sociales por las deudas generadas.
En concreto, Endesa se compromete a facilitar al Ayuntamiento la forma de pago de los recibos pendientes para evitar el corte de suministro sin la aplicación de ningún interés de demora o comisión. Asimismo, dejará en suspenso el corte de electricidad cuando reciba la comunicación por parte de los centros de Servicios Sociales municipales de que el titular del contrato es sujeto de una ayuda al respecto.
De este modo, el Ayuntamiento de Huelva pone al alcance de los ciudadanos los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas, entre las que se encuentran los costes derivados del mantenimiento de los suministros del hogar, e informará, a través del asesoramiento de Endesa sobre los requisitos necesarios para la concesión del Bono Social cuando sea de aplicación.
El alcalde de la ciudad andaluza ha destacado que “desde el comienzo del mandato venimos trabajando conjuntamente con Endesa para atender este tipo de situaciones y evitar que a ninguna familia de Huelva se le corte la luz. Con este convenio se abre un horizonte reglado y regulado para las familias que se encuentran en situación de precariedad”.
Por su parte, Francisco Arteaga ha asegurado que “la prioridad de Endesa, dando cumplimiento a sus líneas de actuación de Responsabilidad Social Corporativa, es protocolarizar y agilizar la comunicación entre el área social del Ayuntamiento y la Compañía para atender de manera efectiva a los clientes más vulnerables que no pueden cubrir sus necesidades básicas, combinando el cumplimiento de obligaciones de pago y de prestación de un servicio necesario. De esta manera, gracias a la colaboración público-privada se favorece la protección de estos clientes ofreciendo una alternativa factible a situaciones de extrema urgencia”.
