El 80% del fraude eléctrico fue causado en España en el año 2015 por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo según datos de Endesa.
Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos.
Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo. Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores.
El impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015.
En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a 3,5 TWh, es decir, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de la ciudad de Sevilla y de toda su área metropolitana.
Además, en el caso del sector empresarial, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal.
Por otro lado, el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador.
