El Gobierno de Aragón hará efectivo el pago del 25% de la paga extra pendiente de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón en una nómina extraordinaria que se abonará a finales de este mes o principios de mayo.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, lo ha comunicado este jueves a la Mesa General de Negociación de la Administración de la comunidad autónoma, reunida para abordar temas relacionados con la negociación colectiva. En la cita con los sindicatos ha estado acompañado por el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, y el director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería, Manuel Galochino.
La decisión del Ejecutivo de abonar el 25% de la paga extra responde al deseo de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y que, por razones presupuestarias, no había podido ser ejecutado hasta la fecha.
Por lo que respecta al otro 25% pendiente de abono, el consejero de Hacienda ha trasladado a los sindicatos su deseo de que se pueda pagar en un plazo aproximado de diez meses.
El Gobierno de Aragón también ha planteado en su borrador de propuesta a los sindicatos la oferta para que la Administración asuma el 100% del coste que se deriva de los casos de Incapacidad Temporal a partir del quinto día laboral, frente a lo que ocurre en estos momentos, cuando la Administración asume este coste a partir del día 20.
El consejero de Hacienda y Administración Pública ha planteado por otra parte la posibilidad de recuperar el millón de euros en materia de acción social que se había perdido durante los años de la crisis e incluirlo en el ejercicio de 2018, consignando un total de cuatro millones de euros para acción social. Asimismo, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de consignar una bolsa de horas de conciliación, que podría implantarse antes de que finalice la actual legislatura.
No obstante, el responsable de las finanzas autonómicas ha condicionado estos posibles acuerdos al cierre de la negociación en torno a la Ley de Función Pública, con el objetivo de que pueda estar lista antes del inicio del próximo periodo de sesiones en el Parlamento. Esta norma, de la que ya se han dado los primeros pasos, está pendiente de la negociación con los sindicatos y organismos implicados en su desarrollo y posterior aplicación.
