“El municipalismo postcrisis puede caer del lado del optimismo o del pesimismo, dependiendo de cómo se resuelvan los grandes temas que aun hoy siguen pendientes”. Esa es la principal reflexión que ha dejado el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en la conferencia ‘El municipalismo postcrisis. ¿Optimismo o pesimismo?’, que ha pronunciado en el foro que la Fundación Cámara de Sevilla.
Acerca del momento presente, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla considera que las entidades locales siguen “a merced de los antojos y las ocurrencias caprichosas de los que quieren seguir tutelándonos a toda costa y, por eso, no sabemos si apostar por el pesimismo o el optimismo en nuestra situación actual”.
Ante dicha coyuntura, considera que “es imprescindible que a este muncipalismo postcrisis que practicamos se le suelte de la mano de una vez, que se le deje ir solo y que, además, se le ofrezcan respuestas que traigan consigo la misma solvencia, capacitación y cercanía que los Consistorios practicamos a diario”.
Ahí ha encuadrado Villalobos cuatro asuntos: una nueva ley de financiación justa, la aplicación del superávit en lo que decidan los Ayuntamientos, la revisión del techo de gasto y la reformulación del impuesto de plusvalías.
Nueva ley de financiación justa
El presidente ha apostado por “elaborar un catálogo de servicios públicos locales y provinciales, que lleve al lado su coste efectivo y real y, una vez hecho esto, cerrar el círculo fijando cantidades, porcentajes en participación de ingresos estatales y autonómicos y una nítida definición de impuestos locales con cuantías. Y todo eso a la Constitución. O al menos, a una Ley Orgánica con el consenso, respaldo y apoyo de una amplísima mayoría del Congreso”.
En esa línea, ha solicitado “un ejercicio de honestidad y responsabilidad compartida a todas las administraciones para que tengamos finalizado el asunto de la financiación de las Haciendas Locales antes de que termine el año”.
Superávit
Villalobos considera que esta cuestión “clama al cielo porque, otra vez, la injerencia en los asuntos locales hace que los que cumplimos, hayamos estado hasta la semana pasada, cuando se publicaron los PGE, a merced de los que no cumplen, teniendo a nivel nacional más de 7.000 millones de euros en las arcas municipales a la espera de que se aprobaran esos Presupuestos Generales del Estado, que ya me dirán ustedes qué tiene que ver una cosa con la otra”.
Acerca de esta cuestión, el presidente de la FAMP y de la Diputación ha ofrecido datos que hablan de “562 entidades locales andaluzas con su liquidación presupuestaria de 2016 efectuada, de las que 542 registraron superávit y sólo 20 déficit”.
Un total positivo, una vez detraído el déficit del superávit, que suma 1.147 millones de euros y donde la provincia de Sevilla fue además la más cumplidora, con 294 millones de superávit.
Techo de gasto
Sobre el mecanismo de techo de gasto, introducido en la Ley de Estabilidad de 2012, el conferenciante lo ha calificado como “la carcoma que apolilla la viga central de la arquitectura local, que es el presupuesto” y ha señalado que “la capacidad de gasto no financiero de la Diputación de Sevilla ha disminuido un 3,91%, desde la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad, algo inexplicable cuando somos una entidad que va a terminar el ejercicio en curso sin un solo euro de deuda bancaria”.
“Y como nosotros, lamentablemente, hay hoy en día muchísimos ayuntamientos y diputaciones, por lo que llevamos un buen tiempo reclamando que se flexibilice ese techo de gasto para las administraciones que cumplimos y que se aplique, en definitiva, el sentido común para permitir que, los que puedan, inviertan más en sus vecinos y vecinas”, ha enfatizado.
Plusvalías
En este asunto, Villalobos considera que debe darse una respuesta cuanto antes, “aplicando el sentido común y no gravando el impuesto cuando no hay beneficio en la venta de un inmueble, pero dando respuesta a la vez a los perjudicados, que son los Ayuntamientos, porque estamos hablando de una tasa municipal que, al final, deja de entrar en las arcas municipales”.
Concretamente, ha puntualizado que “la plusvalía es una fuente de ingresos municipales que, en 2015, permitió a los 8.122 municipios que hay en España ingresar 2.675 millones de euros -casi el 13% de los impuestos directos que recaudaron las entidades locales- y que, en Andalucía, dejó en 2015 un total de 267 millones de euros en las arcas locales”.
Estas cifras conducen a que dicho gravamen suponga el 9,6% de la totalidad de las figuras impositivas que aplican directamente los ayuntamientos a sus vecinos, “por lo que retirar las plusvalías significa detraer uno de cada diez euros de los ingresos propios de los consistorios, que sirven para prestar servicios a su gente”.
