Ante más de un centenar de empresarios congregados en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, la secretaria general de UPTA-Andalucía, Inés Mazuela, ha señalado la necesidad de “implementar medidas que resuelvan el problema de fondo que venimos sufriendo los autónomos: cotización por ingresos reales con exención para los que no lleguen a SMI, definición exacta de habitualidad, mejora de la protección social, obligatoriedad de la cobertura de las contingencias, reducción de la brecha fiscal, revisión de la Ley de Morosidad y de la Ley de Segunda Oportunidad, entre otras”.

Para lMazuela, la última reforma realizada por la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, “no está siendo a nuestra manera de ver tan exitosa como opinan muchos, ya que los principales problemas de los trabajadores y trabajadoras autónomas siguen aún sin estar solucionados”.

En este sentido, y tras hablar de las 30 enmiendas presentadas con respecto a la ley, “de las que solo se han recogido cinco”, Inés Mazuela asegura que, “durante este 2018 tendremos que seguir buscando soluciones e instando, a quienes corresponda, para que asuman la responsabilidad de hacer políticas efectivas. Confiamos en que se aborden cuestiones fundamentales para nuestro colectivo y que deben traducirse en una verdadera reforma del sistema”.

En su intervención, el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, ha explicado que esta nueva ley “nace para incentivar la creación de nuevos negocios y, por tanto, la generación de empleo, por lo que desde la Cámara de Comercio de Sevilla, la valoramos positivamente ya que trata de disponer de un marco jurídico adecuado, que ayude a la labor de los autónomos y emprendedores, acabando así con situaciones de insolvencia y de exclusión social de este colectivo, y que contribuirá, además, a que se pierda el prejuicio a emprender”.

Por su parte, el director general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Andalucía, José Roales Galán, ha admitido las trabas burocráticas y el letargo del proceso administrativo que, a su juicio deriva principalmente de “la propia ley de Procedimiento Administrativo, y el aumento de controles establecidos por la Administración”. Asimismo, ha trasladado su “deseo de que la brecha entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena sea cada vez menor”.