El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha presentado la Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio con el objetivo de crear las condiciones jurídicas idóneas para captar en Extremadura grandes proyectos internacionales relacionados con el ocio familiar.
Fernández Vara ha manifestado que esta propuesta de ley, que ha sido elaborada por un grupo multidisciplinar de expertos, pretende regular actividades de ocio, deportivas, recreativas, turísticas, residenciales, de juego y comerciales en sus distintas modalidades, actividades dirigidas fundamentalmente a un público internacional.
Ha apuntado que los potenciales proyectos deberán cumplir una serie de requisitos como contar con una superficie mínima de 1.000 hectáreas, una inversión de 1.000 millones de euros, generar al menos 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 plazas de alojamiento hotelero.
Además, deberán contar con un espacio singular de biodiversidad autóctona que suponga el 10 por ciento del total del suelo que ocupe, acreditar una solvencia financiera del promotor de al menos 10 millones de euros y garantizar una previsión temporal de ejecución del proyecto no superior a 5 años.
“El propósito es crear las condiciones jurídicas idóneas para la captación en Extremadura de grandes proyectos internacionales de ocio familiar por el amplísimo impacto que éstos tienen en el desarrollo económico de la región”, ha afirmado Fernández Vara.
Tramitación
Ha indicado que se ha optado por presentar este proyecto como propuesta de ley del Grupo Parlamentario Socialista SIEX porque este procedimiento permite dar una respuesta más ágil.
Además, ha detallado que dado el régimen jurídico especial de esta norma, es precisa una amplia mayoría de los representantes políticos porque legisla sobre materias que requieren el máximo consenso institucional. “A partir de ahora el protagonismo lo tienen los grupos parlamentarios para que se sepa que en el futuro estos proyectos tienen continuidad”, ha manifestado el presidente extremeño, quien ha abogado por pensar en el futuro de los jóvenes y generaciones venideras.
Mínima intervención
El presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado que se trata de una propuesta de ley de mínima intervención, dado que solo actúa en aquellas partes del ordenamiento autonómico que resultan necesarias para que la región sea competitiva en la captación de grandes instalaciones de ocio.
De este modo, ha asegurado que incidirá en aspectos como la agilización administrativa, el urbanismo, la localización empresarial o en el ámbito de tributos propios de eventuales actividades creando unas condiciones fiscales atractivas, entre otros aspectos.
Seguridad jurídica
Por otra parte, Fernández Vara ha señalado que los potenciales proyectos serán evaluados por una comisión especial, órgano que será el encargado de otorgar la calificación provisional de gran instalación de ocio si éste reúne los requisitos exigidos. Si la calificación resulta favorable se iniciará un procedimiento urbanístico especial que en un plazo de tres meses legitime las actuaciones de ejecución material del proyecto.
El jefe del Ejecutivo regional ha indicado que en la elaboración de esta propuesta de ley se ha cuidado al máximo el respeto a la autonomía local de los municipios donde pudieran ubicarse estos proyectos, así como los preceptivos trámites de información pública para preservar la transparencia.
Ha avanzado que solicitará un dictamen facultativo extraordinario al Consejo de Estado para dotar a esta norma del mayor amparo jurídico posible. “La ley diseña un procedimiento de respuesta administrativa basada en la celeridad, sin menoscabo de la seguridad jurídica”, ha aseverado el presidente extremeño.
Fernández Vara ha subrayado que el titular del proyecto, transcurrido un año natural desde su apertura, deberá crear un Fondo de Sostenibilidad Social Corporativa para actuaciones de interés general en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, natural, eficiencia energética o inclusión social
La aportación anual deberá ser de al menos 3.000.000 euros al año, cifra mínima actualizable en ejercicios sucesivos según el Índice de Precios al Consumo (IPC).
