ECONOMIA

El Gobierno estima un impacto económico global de 21.198 millones en la lucha contra el fraude laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que en la lucha contra el fraude, desde 2012 hasta febrero de 2018, se han aflorado 519.056 empleos irregulares, empleos sin derechos.

Además, se han detectado 7.029 empresas ficticias, empresas sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones, y se ha logrado la conversión de 359.122 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado se sitúa en 21.198 millones de euros.

La ministra ha puesto de relieve el papel desempeñado por la Inspección porque ha sabido adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad social y económica. “El Gobierno -ha dicho- es plenamente consciente de los importantes retos que afronta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y asume que reforzar su papel implica dotarla de los mejores y más cualificados profesionales”.

Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo

Báñez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020, que contempla la puesta en marcha del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La ministra ha señalado que con este Plan la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a seguir trabajando “por la calidad del empleo en nuestro mercado laboral, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres, con más seguridad y salud en el trabajo, porque esa es la base más sólida para la sostenibilidad presente y futura de nuestro Sistema de Seguridad Social”.

El nuevo Plan Estratégico de la Inspección definirá los objetivos y actuaciones que se deben acometer en los próximos años para completar la modernización de la Inspección de Trabajo.

Para poner en marcha ese Plan, se aprobarán los Estatutos del nuevo Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de impulsar una nueva estructura administrativa, relacionada de una forma más directa con las Comunidades Autónomas y con más capacidades para reforzar su misión de garante de la calidad en el empleo.