En la reunión, Pedro Sánchez ha trasladado a Ángel Garrido la intención del Gobierno de presentar el plan para modernizar la red de Cercanías. Este plan prevé una inversión de 6.000 millones de euros, de los cuales 1.000 millones se destinarán en los próximos dos años a infraestructuras, la mitad para la renovación de la flota de trenes. Las obras en el entorno de la estación de Chamartín para mejorar la conexión con el aeropuerto están en fase de licitación. El Ministerio de Fomento nombrará un coordinador de Cercanías que se encargue de articular la relación entre ADIF y Renfe con objeto de mejorar la calidad y la integración modal del servicio.
En materia de infraestructuras, el presidente del Gobierno ha informado a Ángel Garrido sobre la declaración de impacto ambiental y el estudio informativo de la variante de la A1, que está previsto que esté aprobado a comienzos de 2019, así como las actuaciones del Ministerio de Fomento para hacer efectivas las conexiones de la M-50 en los Municipios de Rivas-Vaciamadrid y Boadilla, las cuales no se han puesto en marcha por retrasos en los ayuntamientos de dichas localidades.
Respecto al nuevo Bus-Vao para la A2, Sánchez ha explicado a Garrido que está previsto llevar a cabo este proyecto, aunque requiere la implicación financiera de todas las administraciones públicas que están participando en su concepción, mediante un convenio cuya redacción está muy avanzada.
Respecto a las carreteras radiales de peaje que hay en la Comunidad de Madrid y que no están amortizadas, el presidente Sánchez ha informado a Garrido de que la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre continuará gestionándolas mientras se diseña un contrato con un plazo suficientemente atractivo para posibles concesionarios. Al haber revertido al Estado su gestión antes de finalizar el período concesional, es necesario que la Administración compense a los concesionarios, de acuerdo con la Ley, por la responsabilidad patrimonial de la Administración que, en este caso, se ha cuantificado en 1.800 millones.
También se requiere una inversión superior a los 300 millones para actuaciones de adaptación a las diferentes normativas de aplicación y para el mantenimiento de un nivel de servicio adecuado, a lo que se destinarán los ingresos provenientes de los peajes. El Gobierno estudia, asimismo, una reducción de tarifas con la finalidad de que su importe se correlacione con el grado de deterioro del firme al paso de cada tipo de vehículos y hacer descuentos a vehículos no contaminantes.
