La transformación digital -también llamada Cuarta Revolución Industrial- avanza a un ritmo mucho más rápido y transgresivo que cualquiera de las tres revoluciones anteriores (mecanización, electricidad e Internet).
Esta revolución se caracteriza por los océanos de Big Data, el auge de las máquinas autónomas y la robótica, la Inteligencia Artificial, la nanotecnología, la blockchain y el Internet of Things.
¿Cómo afecta a los Gobiernos? Los cambios que inevitablemente impone la digitalización demandan una formulación de políticas más ágil, una capacidad sin igual para promover y aprovechar la innovación y nuevas soluciones para el empleo. Además, las Administraciones deben garantizar la inclusión de los ciudadanos en el progreso digital, reforzar la seguridad de los datos y la privacidad, diseñar políticas eco-responsables y proteger a los más desfavorecidos.
Primeros pasos
Los primeros pasos hacia el Smart Government o gobierno inteligente de las ciudades y países se han ido aglutinando en lo que conocemos como e-Government o Administración Pública digital: plataformas online que conectan con los ciudadanos y ofrecen una amplia variedad de servicios.
En España, los servicios públicos digitales están muy avanzados. Según el último Informe DESI de la Comisión Europea, ocupamos el sexto puesto en la UE, con muy buenos resultados en Open Data y en la interacción on line con los ciudadanos.
Pero el Smart Government va mucho más allá de las aplicaciones digitales. Supone un nuevo concepto de país y una nueva forma de gobernar. Y requiere una mayor involucración de los ciudadanos y del ecosistema -empresas, centros educativos y organizaciones civiles – en un proyecto de futuro.
Múltiples desafíos
Solo así es posible responder a algunos de los múltiples desafíos de la nueva revolución digital. La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y sus connotaciones éticas y de negocio -incluyendo la creación/eliminación de trabajos- es uno de ellos.
No en vano, la UE invertirá 20.000 millones de euros en IA antes de que finalice 2020 para recuperar parte del terreno perdido en investigación frente a China y Estados Unidos, los grandes impulsores. Otro gran desafío es la ciberseguridad y la protección de la privacidad. La división de seguridad de Cisco -llamada Talos- bloquea 20.000 millones de ataques diarios en todo el mundo (más que búsquedas en Google).
El coste anual del cibercrimen para la economía global se estima entre 450.000 millones de dólares (en torno al 1% del PIB mundial) y un billón de dólares (2% PIB mundial). Pero lo más preocupante es que tiene el potencial de destruir servicios vitales para el funcionamiento de los países, como las redes eléctricas o el propio Internet.
Colaboración público-privada-ciudadana
En Cisco creemos que a la colaboración público-privada-ciudadana es el único camino viable para que los Gobiernos tengan éxito en el Smart Government. Se trata de fomentar la co-innovación o innovación abierta con la participación de todos: ciudades, universidades, empresas y Administraciones. Este es, precisamente, el modelo que Cisco aplica en sus 20 Centros de Innovación repartidos por el mundo, incluyendo el de Barcelona. Y también en otros centros de co-innovación abierta como Sevilla Futura.
La iniciativa sin ánimo de lucro Cisco NetAcad ha formado en tecnologías de última generación a nueve millones de alumnos en 180 países (175.000 en España). Y los jóvenes formados utilizarán la tecnología para resolver grandes retos urbanos y sociales. Igualmente, nuestro programa CDA (Country Digital Acceleration) ya se aplica en 24 países -con más de 300 iniciativas en marcha- para ayudar a los Gobiernos en su evolución digital. Y acaba de llegar a España con el nombre ‘Digitaliza’.
Para que el Smart Government sea verdaderamente inteligente, los países deben fomentar la innovación abierta, crear un clima emprendedor e inclusivo y garantizar la sostenibilidad económica, laboral y social.
Antonio Conde
Director de Innovación y Transformación Digital
Cisco España
