Con CEOE, Cepyme, ATA, CERMI y la Cámara de Comercio de España
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito este viernes convenios sobre reducción de cargas administrativas con empresarios, autónomos y discapacitados, con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.
La Administración General del Estado (AGE) potencia así la participación activa del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas a través de la firma de convenios con las organizaciones y asociaciones más representativas.
La ministra Carolina Darias ha señalado el objetivo principal de estos convenios: “Eliminar obligaciones innecesarias, o reducir la frecuencia de petición de datos, o facilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. Estos convenios van a contribuir a reducir las denominadas “cargas administrativas”.
Los convenios tienen como objetivo facilitar las relaciones de empresas y la ciudadanía con la Administración General del Estado. La ministra ha destacado que “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.
Organizaciones y asociaciones más representativas
Estos convenios forman parte de las políticas de simplificación administrativa y participación de las partes interesadas en las actuaciones de la AGE, como medio de interlocución de empresas y sectores específicos. Las propuestas que originan son uno de los puntos de partida de los Planes de Simplificación y Reducción de Cargas que los ministerios elaboran anualmente. Los convenios amparan también la organización de laboratorios de ideas o foros de discusión de cuestiones concretas entre centros gestores de la AGE y empresas afectadas.
La reducción de cargas administrativas constituye una política pública en la agenda de los gobiernos, administraciones y organismos públicos nacionales e internacionales (especial ente en la UE y OCDE), y representa una reiterada demanda de los ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos, destinatarios finales de las actividades de las administraciones públicas.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, en representación de la Administración General del Estado, ha firmado hoy convenios con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por su secretario general, José Alberto González-Ruíz, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), representada por su secretario general, Pedro Fernández Alén; con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), representada por su presidente, Lorenzo Amor; con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), representado por su presidente, Luis Cayo, y con la Cámara de Comercio de España, firma electrónicamente su presidente, José Luis Bonet, y representada en el acto por su secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona.
Para qué sirven
El desarrollo de los convenios supone la recopilación por las organizaciones de propuestas de simplificación de procedimientos que lleven aparejadas reducción de cargas administrativas y que afecten principalmente, pero no necesariamente, al colectivo al que representan.
Las propuestas que reciba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública serán distribuidas entre los todos los ministerios en función de sus competencias para su valoración y posible puesta en práctica.
La firma de convenios de reducción de cargas administrativas es una experiencia positiva y permite mantener un contacto directo con emprendedores, autónomos y distintas asociaciones. Durante 2019, se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.
En 2020 los convenios se centrarán principalmente, pero no de manera exclusiva, en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.
Permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.
