La Junta de Andalucía establecerá topes para las retribuciones del personal directivo de las entidades del sector público y reducirá la flota de vehículos asignados a los altos cargos de la Administración. Así se recoge en el conjunto de medidas aprobado por el Gobierno andaluz para dar cumplimiento a su plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, del que ha informado, al término del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien ha destacado que este paquete de iniciativas suponen un “paso más” hacia el cumplimento del objetivo de déficit del 1,5% para las comunidades autónomas a finales de 2012, que, según ha expuesto, “está garantizado”.
Junto con estas dos decisiones, el acuerdo adoptado incluye también un programa de reducción de costes de arrendamientos de inmuebles y la obligación de elaborar planes económico-financieros por parte de las consejerías de la Junta. En el ámbito de la optimización de ingresos, ha anunciado Carmen Martínez Aguayo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública desarrollará un plan de lucha contra el fraude fiscal e introducirá medidas para asegurar el máximo aprovechamiento de los fondos europeos, además de mejorar los mecanismos de remisión de información para facilitar el seguimiento de las medidas de ajuste.
La consejera ha explicado, en cuanto a la reducción del gasto vinculado al personal directivo de las entidades del sector público andaluz, que las retribuciones íntegras de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección (contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad) no podrán superar, en cómputo anual, las siguientes equivalencias de la Administración autonómica: personas titulares de viceconsejerías y asimiladas para aquellos altos cargos y directivos de entidades con más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a los 500 trabajadores; direcciones generales y asimiladas en el caso de entidades con más de 50 millones de euros o 50 trabajadores; subdirecciones o coordinaciones generales en relación a las de más de cinco millones de presupuesto o plantillas superiores a los 10 empleados, y jefaturas de servicio para las de dimensiones inferiores.
El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual superior a las que corresponden a las personas “con funciones de máximo nivel en su entidad. Las dos medidas adoptadas en este ámbito supondrán un ahorro anual de 2,7 millones de euros.
En el mismo capítulo de reducción de gastos, la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la Administración autonómica se limitará, según ha informado Martínez Aguayo, a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados. El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros. No obstante, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta.
Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica. El objetivo es rebajar en un 25% la cuantía total destinada a estas operaciones. Asimismo, y cuando lo requiera la normativa de estabilidad, las consejerías y sus entidades estarán obligadas a elaborar planes económico-financieros en los que se especificarán las medidas de racionalización de gasto y optimización de ingresos. Estas medidas deberán ser coherentes con las previstas en el Plan Económico Financiero de la Junta y sus normas de desarrollo.
Lucha contra el fraude
Del lado de los ingresos, el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno dispone que la Agencia Tributaria de Andalucía elaborará, en el plazo de dos meses, un plan de lucha contra el fraude fiscal. Sus acciones, que posibilitarán una recaudación adicional de entre 15 y 20 millones, se centrarán especialmente en los impuestos de Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, el control de la recaudación y el reintegro de subvenciones e ingresos derivados de procedimientos sancionadores.
De igual modo, la Junta pondrá en marcha medidas para acelerar al máximo la recepción de fondos europeos. Con este fin se agilizará la ejecución de gastos cofinanciados y se mejorará la verificación y certificación de subvenciones y ayudas, con una previsión de asegurar la recepción 500 millones de euros este año.
El conjunto de medidas aprobadas se completa con las destinadas a mejorar los mecanismos de remisión de información económica y financiera, tanto de las distintas entidades del sector público a la Consejería de Hacienda y Administración Pública como desde la Junta de Andalucía a la Administración General del Estado. En este último punto, el acuerdo del Consejo establece la centralización del envío de datos y designa a la Intervención General como órgano competente para ello.
