“Esperamos que los principios que se promulgan en esta Ley se lleven a efecto y supongan una reducción efectiva de las trabas administrativas con las que nos encontramos para iniciar y ejercer una actividad”, ha declarado la Secretaria de Administración, Proyectos y Programas de UPTA Andalucía, Inés Mazuela.

Esta norma publicada el pasado martes 10 de diciembre en el BOE, se inspira, según su preámbulo, en “la necesidad de eliminar los obstáculos y trabas derivados del crecimientos de la regulación” y que ha sido una de las principales demandas de los operadores y agentes económicos y sociales entre los que se encuentra UPTA Andalucía.

La Ley, establece medidas para que el acceso y ejercicio de actividades económicas se haga en condiciones de mercado, estableciendo en todo el territorio nacional los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de  circulación así como garantías y mecanismos de protección al libre establecimiento y circulación.

Así, el procedimiento de autorización que se establezca, en función del interés general a proteger, declaración responsable, comunicación, autorización o incluso sin trámite previo alguno, una vez obtenida, podrá ser ejercida en todo el territorio nacional, sin que quepa, en principio exigirles nuevas autorizaciones o trámites adicionales de otras autoridades competentes diferentes.

No obstante, este principio de eficacia en todo el territorio nacional no será aplicable a determinadas actuaciones relacionadas con las instalaciones o infraestructuras físicas, ocupación del dominio público o con la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas que por su propia naturaleza resultan vinculados con  un ámbito territorial determinado, tales como taxis o farmacias.

Para Mazuela, esta norma no hace más que responder a una de las demandas del colectivo de trabajadores autónomos, que se encuentran demasiadas trabas administrativas para ejercer su actividad y que les limita enormemente la posibilidad de expansión de sus actividades. “Confiamos que hasta la entrada en vigor de estas disposiciones en marzo del próximo año, se establezcan los mecanismos necesarios por parte de las Administraciones Públicas para que sean de total eficacia y operatividad. Creemos que con esta nueva perspectiva, se abre un nuevo escenario económico que permitirá a muchos emprendedores poder poner en marcha nuevas actividades y a muchos autónomos expandir sus actividades y así ganar dimensión, con todo lo que ello conlleva”.