El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la Ley de medidas normativas para reducir trabas administrativas para las empresas, que permitirá simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica y que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha destacado la importancia de esta normativa, “cuyo efecto inmediato será facilitar y agilizar la apertura de empresas y negocios en Andalucía, favoreciendo la inversión productiva y la creación de empleo”.
Sánchez Maldonado ha resaltado además el proceso de negociación desarrollado en la tramitación de la Ley, que fue aprobada como Decreto Ley por Consejo de Gobierno y ha sido tramitada como proyecto de Ley en el Parlamento, “mejorando el texto original e introduciendo varias enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios”.
Entre las mejoras incorporadas al proyecto de Ley destacan la inclusión de las sociedades cooperativas en la Iniciativa @mprende+, que permite crear empresas de forma rápida y sin gastos de constitución; y modificaciones a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que no sea exigible licencia o autorización previa, por ejemplo, para la realización de las obras de acondicionamiento de los locales en los que se vaya a desempeñar la actividad económica, salvo que requieran de la redacción de un proyecto de obra. En esos casos, bastará la presentación de una declaración responsable o una comunicación previa. También se acabar con la exigencia de licencia cuando hay un cambio de titularidad de las actividades comerciales y de servicios, ya que a partir de ahora bastará con presentar una comunicación previa a los meros efectos informativos.
De los 64 procedimientos de normativa autonómica que se simplifican, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de ‘declaración responsable’, que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
La norma aprobada identifica autorizaciones que no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos. De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.
Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, el Decreto Ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la 2/1986, de Juego y Apuestas; 2/2007, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; 1/2009, reguladora de la Mediación Familiar; 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; 14/2011, de Sociedades Cooperativas, y 16/2011, de Salud Pública, así como el Decreto Legislativo 1/2012 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.
Además de simplificar procedimientos derivados de la normativa autonómica, el texto agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
Tanto el trabajo de identificación de procedimientos como el desarrollo del proceso de simplificación ha contado con la participación de los agentes económicos y sociales, entre ellos la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos UGT-A y CCOO-A, las Cámaras de Comercio, y asociaciones y federaciones representativas de la economía social y del colectivo de autónomos.
Licencias municipales
La normativa recoge también novedades relacionadas con la Calificación Ambiental y con la creación de la figura de la ‘Declaración de Inocuidad’ para actividades económicas a efectos de concesión de licencias municipales.
En el primer caso, la norma establece 36 categorías económicas en las que será suficiente la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, lavanderías, carnicerías o pescaderías de venta al por menor con una superficie inferior a 750 metros cuadrados o lavaderos de vehículos a motor con menos de 300.
En cuanto a la figura de actividades económicas inocuas, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar como tales aquellas que no generan molestias significativas, alteraciones de las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, daños a bienes públicos o privados y riesgo para las personas. En estos casos se agilizará la concesión de licencias municipales y se eximirá de la realización de estudios de impacto ambiental.
Finalmente, la Ley aprobada refuerza las funciones de regulación económica de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que pasará, además, a ejercer como punto de contacto ante posibles reclamaciones de los operadores económicos.
Asimismo, asesorará al Gobierno andaluz en la elaboración de sus normas, mejorando aspectos que afecten a la regulación económica y la unidad de mercado, y ejercerá labores de diálogo e intermediación con operadores económicos ante posibles obstáculos o barreras que afecten a la unidad de mercado. También se pone al alcance de las corporaciones locales la posibilidad de contar en la elaboración de sus normativas con el criterio especializado de la Agencia de Defensa de la Competencia.
