La jubilación anticipada se modera en España. Ni siquiera durante la crisis, en contra de lo que habría cabido esperar, se ha registrado un aumento de las prejubilaciones. ‘Focus on Spanish Society’, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), recoge diversas evidencias del retraso de la edad de jubilación y del descenso de la jubilación anticipada en España.

La necesidad de prolongar la vida laboral figura en la agenda de muchos países europeos. En España, los distintos gobiernos han promovido en los últimos años medidas para frenar la jubilación anticipada, lo que ha contribuido a un aumento lento, pero ininterrumpido de la edad media efectiva de jubilación.

Según los últimos datos disponibles de la OCDE, en 2012 era de 62,3 años para los hombres, y de 63,2 para las mujeres, superando a las edades efectivas de jubilación registradas en Alemania (62,1 y 61,6), Grecia (61,9 y 60,3), Italia (61,1 y 60,5) y Francia (59,7 y 60), aunque sin llegar a las de Holanda (63,6 y 62,3), Reino Unido (63,7 y 63,2), Suecia (66,1 y 64,2) y Portugal (68,4 y 66,4).

A los datos de la OCDE sobre el aumento de la edad efectiva de jubilación en España entre 2005 y 2012 se añade ahora una evidencia que apunta en la misma dirección: según cálculos basados en la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de jubilados entre 53 y 64 años ha caído desde el 14% en 2005 al 11% en 2014. El descenso ha sido más acusado entre los varones.

Hace diez años, un 20% de los que contaban de 53 a 64 declaraba hallarse jubilado; en 2014, el porcentaje correspondiente se había reducido cinco puntos (15%). Entre las mujeres de la misma edad, el porcentaje ha permanecido prácticamente estable en ese periodo, en torno al 6%-7%.

El último número de Focus on Spanish Society también enfoca la atención sobre la magnitud y las características del gasto en protección social en España. Con un 17,6% en términos de PIB, nuestro gasto en protección social se situaba en 2013 claramente por debajo del registrado en Dinamarca (25,1%), Finlandia (24,9%), Francia (24,5%), Suecia (22,6%) o Italia (21%), pero en un nivel comparable al de Noruega (17,5%), Holanda (17,2%) y Reino Unido (16,9%).

Diferencias relevantes se observan también en el peso de las funciones de protección social. Así, las prestaciones por desempleo y supervivencia absorben en España bastantes más recursos (en términos de PIB) que la media de la UE- 28 (188% y 164%); en cambio, al apoyo a las familias y los niños, y la lucha contra la exclusión social se dedican comparativamente muy pocos recursos (35% y 25%, respectivamente).