España cuenta con potencial de mejora respecto al resto de países competidores para incrementar sus expectativas de atracción de empresas internacionales Y Para hacer realidad este potencial es necesario que las Administraciones Públicas adopten medidas regulatorias para incentivar la percepción de España como destino de inversión.
Así se desprende del informe ‘Destino España: una propuesta de futuro para las empresas’, elaborado por PwC para la Junta de Compensación de Valdebebas, en el que se desgranan hasta 35 medidas a adoptar en los marcos regulatorios más relevantes (inmobiliario-urbanístico, laboral, fiscal, mercantil, financiero y administrativo) para incentivar a las empresas internacionales a considerar España como un destino atractivo de inversión y, en particular, ante la oportunidad que representa el Brexit.
El informe identifica hasta nueve medidas a adoptar para hacer de España un país más competitivo para atraer la implantación de empresas internacionales, como son: exigencia de interés legítimo para la impugnación de actos de ejecución urbanística; fortalecer la seguridad jurídica en la ejecución de las resoluciones judiciales y supuestos de nulidad; agilizar los procesos urbanísticos, descargando y simplificando las tramitaciones; ampliación de los supuestos de silencio positivo previstos en la legislación del suelo; y la extensión general para todos los municipios de la aplicación de la licencia única de obras.
El informe explica que, en el ámbito inmobiliario registral, y a pesar de que nuestro sistema de seguridad jurídica es uno de los mejores del mundo, es necesaria la integración en el Catastro de información sobre normativa y procesos urbanísticos; la creación de una Oficina Única por distritos de Notario, Registro y Tributos para simplificar trámites y reducir costes a ciudades y AA. PP.; y la reducción del plazo para la emisión de las certificaciones registrales con mecanismos de automatización o procedimientos telemáticos.
Incluye también siete recomendaciones laborales, entre las que se encuentran permitir convenios colectivos distintos, indemnizar por despido en función de los años de servicio de cada país y aplicar régimen de expatriado a cónyuge.
Además, el informe señala medidas fiscales como reducir limitaciones para compensar pérdidas fiscales y revisar normativa sobre pago fraccionado, así como propuestas para mejorar el régimen mercantil en España, recomendaciones en el ámbito financiero para atraer empresas y medidas de mejora del régimen administrativo actual.
